Cómo impacta la nueva Ley 32441 en las Asociaciones Público-Privadas

EYNG, 25/09/2025. El 16 de septiembre se publicó la Ley N.º 32441, que marca un hito en la relación entre Estado y sector privado en el Perú. Esta norma sustituye los anteriores decretos legislativos sobre Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), creando un marco único que impactará tanto en los contratos vigentes como en los futuros. Su meta es clara: ordenar las reglas, ofrecer mayor seguridad jurídica y contribuir al cierre de la brecha de infraestructura estimada en US$ 150.000 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Contratos vigentes y continuidad legal

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es que los contratos de APP y PA ya firmados seguirán siendo válidos. Sin embargo, ahora quedarán automáticamente bajo el marco de la Ley 32441, sin necesidad de renegociaciones ni adendas.

José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados (BVU), explica que la norma «unifica lo que antes estaba disperso y brinda claridad tanto a inversionistas como a entidades públicas».

Entrada en vigor y reglamentación

Aunque la ley ya fue promulgada, su aplicación plena dependerá de la aprobación de su reglamento, cuyo plazo máximo es el 16 de noviembre de 2025. El MEF será el encargado de elaborarlo y coordinar con entidades de todos los niveles de gobierno. Algunas disposiciones, como el artículo 12 y ciertas disposiciones finales, ya están vigentes desde el 17 de septiembre.
«Será clave que el reglamento defina criterios técnicos y mecanismos de supervisión, pues ahí se verá cómo se aplicarán en la práctica los contratos y modalidades de APP», advierte León.

Qué regula la Ley 32441

El nuevo marco abarca contratos de largo plazo entre el Estado y privados para garantizar servicios de infraestructura, servicios públicos, investigación aplicada e innovación tecnológica. Estos pueden implementarse mediante concesiones, contratos de operación y mantenimiento, gerencia u otros esquemas permitidos.

En el caso de los Proyectos en Activos, la norma abre la puerta a que inversionistas utilicen terrenos o inmuebles del Estado a través de cesión en uso, arrendamiento, usufructo o superficie. «Es una figura que amplía opciones para la inversión privada, sin dejar de lado el interés general», añade León.

Impacto en la inversión

Según el experto, el Gobierno busca con esta norma dinamizar la inversión en infraestructura y servicios, con la proyección de viabilizar más de US$ 30.000 millones en proyectos en los próximos años. Entre 2025 y 2026 se prevé adjudicar alrededor de 80 proyectos por un valor total de US$ 16.000 millones, según cifras del MEF.

Cabe señalar que, en 2024, ya se alcanzaron adjudicaciones por US$ 8.956 millones en APP y PA, casi cuatro veces más que en 2023, lo que refleja un mayor dinamismo.

Perú en el escenario regional

La nueva ley también busca reforzar la posición de Perú como destino atractivo para la inversión privada en América Latina. El informe Infrascope 2023/24 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicó al país en el quinto lugar de la región en preparación y sostenibilidad de proyectos APP, con una puntuación de 65,2 sobre 100.

Para León, esta normativa «envía una señal de estabilidad y continuidad a los inversionistas, mientras fortalece el rol del Estado como garante del interés público». Analistas coinciden en que la unificación normativa puede agilizar procesos, aunque el éxito dependerá de la capacidad de gestión y de una reglamentación clara.

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