Vacar por criminalidad: El peligro de un precedente sin retorno
El Congreso aprobó una nueva vacancia presidencial bajo el argumento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, usar la "incapacidad moral" como castigo por mala gestión no solo vulnera la Constitución, sino que puede desatar una tormenta económica que podría costarle al país su estabilidad y hasta su grado de inversión.
En el Perú, las palabras «vacancia presidencial» ya no suenan a recurso extremo sino a deporte nacional. Pero hoy, tras la vacancia consumada de Dina Boluarte con el argumento de la alta criminalidad, ese recurso se convierte en una alarma institucional y económica.
Vacarla por la ola delictiva no solo es débil desde el punto de vista jurídico, sino que representa una fractura: abrir una puerta que podría jamás cerrarse. Si hoy se destituye a un presidente por la delincuencia, mañana podríamos ver vacancias por inflación, desempleo, fallas administrativas menores o incluso por la plaga de la «mosca de la fruta». Ya no estaríamos ante control político, sino ante una democracia gobernada a base de destituciones.
El error conceptual: confundir incapacidad moral con mala gestión
La Constitución peruana, en su artículo 113, señala cinco causales para vacar al presidente, entre ellas la célebre “incapacidad moral permanente”. Sin embargo, esa expresión nunca fue pensada para evaluar el desempeño en materia de seguridad o economía. Nació como un supuesto de falta ética grave o incapacidad mental, no como castigo por ineficiencia administrativa.
El ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, lo dijo con claridad: vacar por criminalidad es «confundir incapacidad moral con falta de capacidad de gestión». Lo mismo sostienen constitucionalistas como Omar Cairo y Alejandro Rospigliosi, quienes advierten que ese tipo de interpretaciones vulneran la separación de poderes y erosionan el principio de estabilidad democrática.
«Si mañana un gobierno enfrenta una inflación global, una recesión o un conflicto social, bastará con que un grupo de congresistas lo interprete como «incapacidad moral» para destituir al presidente. Eso no es control político: es anarquía constitucional».
Hay herramientas, pero no se usan
El Congreso tiene múltiples mecanismos legítimos para exigir resultados: puede interpelar, censurar o investigar a ministros, empezando por el premier y el titular del Interior, responsables directos de la política de seguridad interna.
Pero recurrir a la vacancia es una muestra de pereza política. Es el camino rápido —y mediático— de una clase parlamentaria que, incapaz de construir acuerdos, elige dinamitar el tablero.
Cuidado con el precedente
Cada vez que el Congreso ha usado la vacancia por motivos políticos, el país ha salido más débil. Desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Martín Vizcarra, el resultado fue el mismo: crisis institucional, polarización y parálisis económica.
Usar la misma fórmula contra Dina Boluarte por la criminalidad es repetir el ciclo, pero con un agravante: sentaría el precedente de que cualquier crisis puede ser usada como causal moral.
Si mañana un gobierno enfrenta una inflación global, una recesión o un conflicto social, bastará con que un grupo de congresistas lo interprete como «incapacidad moral» para destituir al presidente. Eso no es control político: es anarquía constitucional.
Las consecuencias económicas de la inestabilidad
Los mercados no esperan a los votos. Basta el anuncio de una nueva moción de vacancia para que el sol se deprecie, los bonos soberanos pierdan valor y la Bolsa de Valores de Lima caiga.
Es un patrón que se repite cada vez que el país entra en turbulencia política: los inversionistas extranjeros se repliegan, las empresas postergan decisiones de inversión y los proyectos mineros o de infraestructura se congelan por incertidumbre.
Si la crisis escala —como ocurrió en 2020 o 2022—, el riesgo país aumenta y el costo de financiamiento del Estado se eleva. El propio grado de inversión podría ponerse en duda si las agencias calificadoras perciben que el país ha renunciado a la estabilidad institucional como base de su modelo económico.
Una vacancia presidencial en medio de un contexto de desaceleración y criminalidad podría empujar al Perú hacia un escenario de recesión técnica, con fuga de capitales y pérdida de confianza empresarial. En ese contexto, el ciudadano común paga el precio: menos empleo, más inflación y un crédito más caro.
La política puede sobrevivir a los titulares; la economía, no.
«El país necesita políticas de seguridad efectivas, no vacancias improvisadas. Necesita reformas estructurales en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, instituciones corroídas por la corrupción y la impunidad. Pero eso no se logra cambiando presidentes cada vez que la curva delictiva sube, sino garantizando continuidad institucional y liderazgo técnico».
El fondo del problema
El país necesita políticas de seguridad efectivas, no vacancias improvisadas. Necesita reformas estructurales en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, instituciones corroídas por la corrupción y la impunidad. Pero eso no se logra cambiando presidentes cada vez que la curva delictiva sube, sino garantizando continuidad institucional y liderazgo técnico.
La inseguridad no se combate con mociones parlamentarias, sino con inteligencia, recursos, tecnología y voluntad política real.
Un país sin brújula no necesita más sobresaltos
Si el Congreso insiste en usar la vacancia como martillo para todos los clavos, terminará por destruir el poco equilibrio de poderes que aún sostiene al sistema.
La democracia peruana necesita límites, no más atajos. Vacar por criminalidad puede sonar popular, pero es un precedente sin retorno.
Porque una democracia donde cada crisis se resuelve tumbando al presidente no es república: es ruleta.
