Perú: 52% de empresas desconoce leyes contra corrupción y soborno
El soborno continúa siendo un problema latente en el entorno empresarial peruano. Un estudio reciente del CEGES-UP revela datos clave sobre el conocimiento normativo, medidas preventivas y la percepción de esta práctica entre los ejecutivos del país.

EYNG, 11/06/2025. El soborno, como expresión concreta de la corrupción, sigue afectando la integridad del entorno empresarial en el Perú. Un estudio presentado por el Centro de Ética y Gestión Sostenible (CEGES) de la Universidad del Pacífico revela un panorama detallado sobre cómo las empresas enfrentan este desafío. El informe, titulado «Estado de las prácticas empresariales contra el soborno en el Perú: segundo estudio», fue elaborado por Matilde Schwalb, María Ángela Prialé y Luis Benites, docentes del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico.
La investigación recogió información de 400 altos ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas, distribuidas entre Lima, Callao y otras regiones del país. El trabajo de campo se realizó entre abril y agosto de 2024, con un margen de error de ±4,9% y muestreo estratificado por tamaño de empresa y sector económico.
Limitado conocimiento sobre la normativa anticorrupción
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el alto nivel de desconocimiento sobre las leyes e iniciativas voluntarias contra la corrupción y el soborno. A nivel nacional, un 52% de ejecutivos no conoce la normativa vigente, siendo este porcentaje mayor en las pequeñas empresas. La ley más conocida es la de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806), mientras que la menos conocida es la Ley N.º 31564 sobre prevención de conflictos de interés.
Medidas empresariales contra el soborno: avances y brechas
Aunque la mayoría de empresas afirma tener al menos una medida antisoborno —como códigos de ética o comunicaciones internas periódicas—, solo un pequeño porcentaje ha implementado prácticas más avanzadas como auditorías externas (3%-4%) o programas antisoborno integrales (4%-7%). Las empresas que no aplican medidas suelen ser aquellas que no contratan con el Estado.
Evaluación de riesgos y gestión del capital humano
El 47 % de las empresas no cuenta con mecanismos para evaluar el riesgo de soborno, situación más crítica en el interior del país. Asimismo, el 23 % de las organizaciones no aplica ninguna medida preventiva en la gestión humana. Las políticas más difundidas se relacionan con capacitaciones internas y lineamientos éticos aplicables a toda la organización.
Percepciones ejecutivas sobre el soborno
El 98% de los encuestados cree que existen empresarios que ofrecen sobornos, aunque el 24 % no lo percibe en su propio sector. La construcción es el sector más señalado (44%), seguido por la administración pública. Se estima que el soborno implica un sobrecosto promedio del 15,35% en los contratos. Las modalidades más comunes incluyen pagos para trámites (62%), contribuciones políticas (57%) y regalos (50%).
Factores que fomentan o frenan el soborno
En el sector público, trámites engorrosos y requerimientos informales motivan el pago de sobornos. En el sector privado, predomina el temor a perder negocios frente a la competencia que sí soborna. Los principales incentivos para implementar medidas preventivas son preservar la reputación empresarial (70%) y actuar con ética (57%). Por el contrario, factores como la corrupción en el Estado (57%) y la falta de reconocimiento del mercado (28%) desalientan estas prácticas.
Influencia institucional y entorno regulatorio
El estudio también revela que los medios de comunicación (88%), los grupos económicos (87%) y las empresas multinacionales (84%) son percibidos como los actores más influyentes en la toma de decisiones gubernamentales. Por otro lado, los colegios profesionales y sindicatos tienen una percepción de baja influencia.
Índice de Institucionalización del Soborno (IIS)
El IIS es una métrica que mide cuán normalizado está el soborno en las organizaciones. Este indicador combina el grado de percepción del soborno como hábito con el conocimiento normativo y el esfuerzo implementado para combatirlo. En 2024, el IIS del Perú fue de 39,4 puntos, lo que indica que el país se encuentra en una fase de «soborno en desarrollo», pero con riesgo de avanzar hacia la «institucionalización del soborno».