Airbnb enfrenta bloqueo masivo de anuncios en España
El Gobierno español ordena a Airbnb retirar más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales, en un esfuerzo por regular el mercado y proteger a los consumidores.
EYNG, 19/05/2025. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha ordenado la retirada de 65.935 anuncios de alquiler vacacional publicados en la plataforma Airbnb. Esta decisión se basa en el incumplimiento de la normativa vigente, especialmente por la ausencia de número de licencia y la falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador.
Esta acción responde a una política más amplia del Gobierno para controlar el impacto del turismo masivo y proteger el acceso a la vivienda de los ciudadanos locales, en medio de crecientes quejas sociales por el encarecimiento de los alquileres en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.
Respaldo judicial a la medida
La plataforma estadounidense presentó un recurso judicial contra esta resolución. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Ministerio de Consumo, validando la legalidad de la medida y ordenando la eliminación de una primera tanda de 5.800 anuncios que vulneran la ley.
Estos anuncios se ubican en regiones como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco, zonas con alta demanda turística donde el impacto del alquiler vacacional es especialmente sensible.
Contexto y medidas adicionales
Esta acción forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno español para controlar el mercado de alquileres turísticos. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó que el objetivo del Gobierno es poner fin al «descontrol» en el sector de los alquileres vacacionales. Desde 2023, se han enviado tres resoluciones oficiales a Airbnb para instar el bloqueo de los anuncios ilegales.
La acción se enmarca en una ofensiva coordinada entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos locales, como el caso de Barcelona, donde el alcalde Jaume Collboni anunció en 2023 la prohibición total de alquileres turísticos para 2028.
Impacto en el mercado y respuesta de Airbnb
La plataforma aún no ha emitido una respuesta formal tras el fallo judicial. No obstante, esta acción representa uno de los mayores frentes regulatorios que enfrenta Airbnb en Europa, donde ya ha sido objeto de sanciones en países como Francia e Italia.
Diversas organizaciones de defensa del consumidor han apoyado la medida del Gobierno español, argumentando que se necesita una regulación más estricta para garantizar transparencia en el mercado y proteger el derecho a la vivienda.
Coordinación europea y próximas acciones
España se suma así a una tendencia europea de endurecer los controles sobre los alquileres turísticos. A través del nuevo Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la Unión Europea exige a plataformas como Airbnb y Booking que verifiquen y controlen mejor los contenidos de sus anuncios.
El Ministerio de Consumo continuará su fiscalización en colaboración con las comunidades autónomas, abriendo expedientes sancionadores a empresas que no cumplan con las normas. El control del alquiler vacacional es ahora un eje clave en la política de vivienda en España.
