Telefónica recupera 500 millones tras ganar arbitraje con Colombia
Telefónica recupera 500 millones de euros tras ganar arbitraje contra Colombia. La disputa se centró en la reversión de activos. La compañía de Telecomunicaciones también tiene un litigio en el Ciadi con el Estado Peruano por más de 1,200 millones de euros.
EYNG, 14/10/2024. Un reciente fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) marcó una victoria clave para Telefónica, permitiéndole recuperar alrededor de 357,6 millones de euros ya desembolsados al Estado Colombiano hace siete años. El tribunal del Ciadi determinó que Colombia incumplió sus obligaciones de ofrecer un trato justo y equitativo a la multinacional española, resultando en una compensación que, junto con intereses anuales del 5% acumulados desde 2018 (aproximadamente 120 millones de euros) y costes judiciales cercanos a 22 millones de euros, sumará cerca de 500 millones de euros.
El conflicto se centró en la devolución del valor del espectro radioeléctrico adjudicado a Telefónica y Claro hace 30 años para la prestación de servicios de telefonía móvil, sin considerar la devolución de la infraestructura utilizada. Las inversiones realizadas incluían plataformas tecnológicas, sistemas de comunicación y otros recursos críticos de la red. En su defensa, ambos operadores alegaron que los montos impuestos excedían con creces el valor de las concesiones. Mientras Claro perdió su arbitraje, Telefónica logró esta significativa victoria.
La disputa en Colombia
La disputa inició cuando, en 1994, el Gobierno colombiano firmó contratos de concesión con Telefónica para la prestación de telefonía móvil, estableciendo una cláusula de reversión de activos. Sin embargo, dicha cláusula no fue ejecutada para fomentar las inversiones en cobertura móvil, según la Ley 422 de 1998, que fue ratificada en 2009. El laudo de julio de 2017, que obligaba a Telefónica y Claro a pagar al Estado 1.400 millones de euros, obligó a la compañía española a realizar una ampliación de capital en su filial colombiana para afrontar el pago.
El caso fue impulsado por la Contraloría General de la República de Colombia en 2013, que solicitó revisar las normas de reversión. El primer litigio en 2019, en la Cámara de Comercio de Bogotá, no fue favorable, llevando a Telefónica a acudir al Ciadi. Este tribunal, presidido por José Emilio Nunes Pinto, incluyó a Horacio Grigera (Telefónica) y Yves Derains (Colombia). Telefónica fue representada por White & Case, mientras que Colombia contrató a Dechert.
Telefónica y su batalla en Perú
La multinacional española enfrenta otra batalla importante ante el Ciadi, esta vez relacionada con su operación en Perú. La multinacional española reclama al Estado Peruano un total de 1.122 millones de euros por daños históricos, impuestos y provisiones fiscales. La empresa busca la devolución de pagos que considera improcedentes y espera desbloquear reservas relacionadas con impuestos pendientes de resolución. El fallo definitivo se espera para finales de febrero o inicios de marzo de 2025.
El caso incluye 572,5 millones de dólares ya pagados al fisco peruano, que Telefónica sostiene que fueron exigidos de forma contraria a derecho, según acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. Además, la compañía enfrenta otras reclamaciones fiscales por 647,2 millones de dólares que aún no ha pagado, pues considera que violan los tratados internacionales. El litigio ha estado marcado por acusaciones de inseguridad jurídica y disputas sobre el manejo de tributos en el país.
El conflicto entre Telefónica y el Estado Peruano tiene raíces de más de dos décadas. En los años 90, la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú fueron privatizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, con Telefónica adquiriendo estas empresas. Desde entonces, ha habido numerosos enfrentamientos legales, especialmente después de que el gobierno de Valentín Paniagua impulsara auditorías fiscales que la compañía calificó de arbitrarias. Telefónica ha recurrido a todas las instancias legales en Perú, incluidos tribunales ordinarios y la Corte Suprema, para defender sus intereses.
Con más de 2.675 millones de euros tributados en Perú a lo largo de 30 años, Telefónica argumenta que sus operaciones han sido fundamentales para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, donde atiende a más de 10 millones de clientes de telefonía móvil y cerca de 900,000 usuarios de fibra óptica.
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